Sede Electrónica

a) Contar con un equipo de al menos dos profesionales habilitados para el ejercicio de la profesión correspondiente y con capacidad para ejercer las funciones de estas entidades en el ámbito de actividad de que se trate, con una experiencia profesional acreditada mínima de dos años en trabajos relacionados con el objeto de la acreditación.
b) No estar suspendidas ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de entidad colaboradora, en virtud de resoluciones administrativas o judiciales firmes, así como no haber sido condenadas mediante sentencia firme o sancionadas con carácter firme por delitos o infracciones graves o muy graves en los siguientes ámbitos: derechos de los trabajadores, seguridad social, fiscalidad, protección de datos, subvenciones, defensa de la competencia, patrimonio y orden socioeconómico, así como aquellos que suponen prohibición para contratar, de conformidad con la legislación en materia de contratos.
c) Tener suscrita y en vigor una póliza de cobertura de los riesgos por responsabilidad profesional. El seguro mínimo será de 1.000.000 euros, sin que esta cuantía limite su responsabilidad, sin perjuicio que se establezca una cuantía distinta en la normativa reguladora del procedimiento de que se trate.
d) No encontrarse en situación de concurso que impida el ejercicio de su actividad, de conformidad con lo establecido en la normativa concursal.
e) No haber perdido la condición de entidad colaboradora de certificación.
f) Disponer del protocolo interno regulado en el artículo 6.
g) Aquellos requisitos específicos que puedan establecerse por el órgano autonómico competente para resolver el procedimiento en la norma reguladora del mismo, o bien, en el caso de que legalmente resulte exigible por Ordenanza Municipal, en la que se establecerán los concretos requisitos aplicables en los procedimientos tramitados y resueltos por las Entidades Locales.

Continuo.

Telemática

En el Registro Electrónico General

El art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligatoriedad de la gestión electrónica para determinados sujetos como, por ejemplo, a) Las personas jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

- Ley de Cantabria 2/2025, de 2 de abril, de Simplificación Administrativa de Cantabria.

- Decreto 67/2025, de 2 de octubre, por el que establece el régimen de las entidades colaboradoras de certificación y de su registro.

- Ley de Cantabria 2/2025, de 2 de abril, de Simplificación Administrativa de Cantabria.

- Decreto 67/2025, de 2 de octubre, por el que establece el régimen de las entidades colaboradoras de certificación y de su registro.

Recurso Potestativo de Reposición o Recurso Contencioso Administrativo.

Recurso Potestativo de Reposición: Consejera competente en materia simplificación administrativa.
Recurso Contencioso Administrativo: Jurisdicción del Contencioso Administrativo.