Sede Electrónica

Resolución que conforme a una norma, habilite o apruebe un proyecto que implique la posibilidad de solicitar la expropiación forzosa u ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para el emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios o cuya aprobación implique la utilidad pública, lo que lleva implícito la necesidad de ocupación.

Telemática

En el Registro Electrónico General

El art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligatoriedad de la gestión electrónica para determinados sujetos como, por ejemplo, a) Las personas jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Decreto 106/2019, de 23 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.

Decreto 11/2019, de 21 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica y se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.

1) Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias transferidas en materia de Industria, energía y minas (B.O.C. número 199, de 3-10-96).

2) Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

3) Artículo 202 del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.

1. Alzada: contra la Resolución de la persona titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
2. Reposición contra el Acuerdo de Consejo de Gobierno de aprobación definitiva del PSIR y alegaciones frente a la Resolución de la CROTU de aprobación definitiva del expediente de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta.
3. Recurso potestativo de reposición o recurso Contencioso Administrativo contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación.

Recurso de alzada: Titular de la Consejería competente en materia de Industria.
Recurso potestativo de reposición: Consejo de Gobierno o Jurado Provincial de Expropiación.
Recurso Contencioso Administrativo: Tribunal Superior de Justicia, sala de lo contencioso administrativo.