Sede Electrónica

No hay.

Telemática

En el Registro Electrónico General

El art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligatoriedad de la gestión electrónica para determinados sujetos como, por ejemplo, a) Las personas jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Lugar(es) para presentación presencial

- Registro General del ICASS, Paseo General Dávila 87, Santander. - Registro Subdirección Infancia, Adolescencia y Familia, c/ Canalejas 42, Santander. - Registro General del Gobierno de Cantabria. C/ Peña Herbosa nº 29, 39004, Santander . - Cualquier otro establecido en el artículo 134 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la adolescencia.

- Artículo 180 del Código Civil, modificado por el art. 2.24 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia y Adolescencia.

- Artículo 12 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, modificada por el art. 3.13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la Infancia y Adolescencia.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.