Sede Electrónica

Que el número de futuros adquirentes no sea mayor que el de las viviendas calificadas provisionalmente.Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la construcción de las viviendas, siendo ingresadas en cualquier entidad bancaria a disposición del promotor, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al mismo (tener abierta una cuenta especial, en la que habrán de depositarse las cantidades percibidas a cuenta).Que en los contratos se haga constar de manera indubitada la cuantía de las mismas, los plazos en que han de ser satisfechas, la cuenta especial de la entidad bancaria donde ha de verificarse el ingreso, la fecha de entrega de la vivienda y la garantía que haya sido constituida por el promotor. Que se solicite la pertinente autorización previa de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en cualquier momento anterior a la calificación definitiva. En la solicitud de autorización deberá hacer constar el importe total de las cantidades que pretenda obtener por este concepto.Tener otorgado aval bancario o suscrito contrato de seguro para garantizar las cantidades a los aquirentes de las viviendas.

Telemática

En el Registro Electrónico General

El art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligatoriedad de la gestión electrónica para determinados sujetos como, por ejemplo, a) Las personas jurídicas, b) Las entidades sin personalidad jurídica, c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

Lugar(es) para presentación presencial

Registro de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura en Calle Alta nº 5, 39008 Santander, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 12.3 del Decreto 31/2009, de 16 de abril, de estructura orgánica de la Consejería.

Artículo 11 del Decreto 31/2009, de 16 de abril, de estructura orgánica de la Consejería; artículo 59 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ley 5/2014, de 29 de diciembre, de Vivienda Protegida de Cantabria. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999). Decreto estatal 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial. Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, sobre política de vivienda protegida.