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Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

1. Fotocopia del DNI, para los ciudadanos españoles, o de documento equivalente que acredite la identidad de los extranjeros y en el que figure el NIE, de la persona física titular del establecimiento o de la tarjeta de identificación fiscal donde conste el NIF de la persona jurídica, así como, en ambos casos, de su representante. No será necesaria su aportación si el interesado presta su consentimiento expreso para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados por el órgano instructor, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2006) y conforme a lo establecido por el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se eximirá a los interesados de la presentación de documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, o que haya sido ya aportada anteriormente por los mismos, siempre que el interesado no se oponga a que la administración actuante pueda consultar o recabar dichos documentos. Por su parte, la disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reconoce la potestad de verificación de las administraciones públicas, en relación con los datos personales que obren en su poder, para comprobar la exactitud de los mismos. 

En aquellos casos en los que el DNI o NIE de la persona solicitante no aparezca como residencia un domicilio perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, se aportará certificado de empadronamiento en el que figure residencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. Las personas jurídicas, públicas o privadas, y otras entidades, con o sin personalidad jurídica, además de lo establecido en el apartado anterior, deberán aportar documentación acreditativa de las facultades de representación de la persona que formule la solicitud de ayuda como representante de las mismas, debidamente inscrita, en su caso, en los registros públicos correspondientes.
3. En el caso de las entidades locales y las sociedades mercantiles pertenecientes al Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria deberán presentar además una declaración responsable donde acredite su adscripción.
4. Si se trata de profesionales autónomos, además deberá aportarse certificado de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores o el Certificado de Situación Censal, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, salvo consentimiento expreso del interesado para que sus datos puedan ser solicitados de forma directa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria al amparo del artículo 95.1k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y conforme a lo regulado en la Orden de 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como los supuestos contemplados en el artículo 113.1 (actual 95.1) de la Ley General Tributaria.
5. En el caso de empresas, declaración responsable en la que figure la condición de Pequeña, Mediana o Gran Empresa, según la definición recogida en el anexo I del Reglamento UE 651/2014, de 17 de junio de 2014, o en su caso, si se trata de una entidad sin actividad económica por la que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado.
6. Documentación que acredite encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Cuando la cuantía de la ayuda no supere los 3.000 euros por beneficiario, estos certificados podrán sustituirse por declaraciones responsables.

La presentación de la solicitud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación.

No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces los citados certificados, en su caso.

7. Declaración responsable de que no concurre ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, de hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que no se encuentra en situación de crisis y que no está sujeta a una orden de recuperación por declaración de la Comisión de ayuda ilegal e incompatible, según Reglamento 651/2014, de 17 de junio de 2014.
8. Declaración de otras ayudas solicitadas o percibidas, bien para la misma actuación, o bien bajo el régimen de minimis en los tres últimos años.
9. Memoria descriptiva de las actuaciones a acometer que contenga, al menos, descripción técnica y económica de las actuaciones e inversiones a realizar, croquis o plano de situación del punto de recarga y demás inversiones, fi chas técnicas de los equipos a instalar, cuadro resumen de las inversiones, coste subvencionable y ayuda solicitada, que deberá estar firmada por el órgano competente de la persona jurídica publica correspondiente en el caso de que el solicitante sea una entidad local o sociedad mercantil pública autonómica.
10. Cuando el importe de las actuaciones, en conjunto o separadamente, superen los 40.000 euros en el caso de obra civil, o los 15.000 euros en el cualquier otro caso, se aportarán al menos 3 ofertas de proveedores diferentes, indicando en la Memoria cual es la oferta elegida y justificando su elección cuando no recaiga en la propuesta más ventajosa. En el caso de que se presenten menos de 3 presupuestos se justificará documentalmente el motivo. No se considerará suficiente la mera declaración de la persona solicitante sin ningún documento probatorio ajeno al mismo.

Las facturas proforma o presupuestos, contratos, proyectos, etc., emitidos por las empresas proveedoras deben ser claros, específicos y actualizados e incluirán desglose por conceptos con indicación de importe unitario.

Quedan exceptuados de la presentación de los presupuestos aludidos las entidades locales y las sociedades mercantiles públicas autonómicas, quienes deberán presentar en la fase de justificación la documentación relativa al procedimiento de contratación especificado en el apartado décimo primero de la presente convocatoria.